En un giro dramático en el mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una empresa especializada en la financiación de pequeñas y medianas empresasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, autores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las bridas de la administración de la firma valenciana una vez que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este enfrentamiento legal, que se produjo en el mes de marzo de 2022 con una querella en Nueva York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad íntimamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva demanda en Valencia por una pluralidad de delitos incluyendo administración desleal y estafa.
Esta segunda demanda, que también implica a José Luis Villafranca, actual integrante del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de utilizar la composición de Gedesco en beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda señala de qué forma, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de miembros, los acusados prosiguieron tomando resoluciones importantes, bloqueando ciertamente a JZI de participar en la gestión de la empresa. Las solicitudes de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos han sido sistemáticamente frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.
Este enfrentamiento no solo se extiende por dos jurisdicciones, con litigios tanto en USA como en España, sino asimismo revela una trama compleja de discusiones legales que incluye acusaciones contra los socios fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la errada compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en Madrid de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior fichero de la causa por falta de rastros de delito añade otra capa a este entramado legal.
Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el planeta corporativo, sino asimismo las dificultades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el campo del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los desafíos que combaten los inversores para resguardar litigio internacional sus intereses y la relevancia de una gestión transparente y ética en las compañías..